La actuación de varios miembros del Gobierno en relación a las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, contra un juez de la Audiencia Nacional es, sin duda, contradictoria y preocupante. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado condenar explícitamente las críticas de Ribera, lo cual pone en entredicho el respaldo del Gobierno a los jueces.
Es fundamental recordar que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y la democracia. Los jueces deben poder ejercer su labor de forma imparcial y sin ningún tipo de presión o interferencia política. Sin embargo, las declaraciones de Ribera y la falta de una condena explícita por parte del ministro de Justicia envían un mensaje preocupante de falta de respeto a la independencia judicial.
Es especialmente grave que Ribera haya cuestionado la imparcialidad del juez en un caso de gran relevancia como es el de los disturbios de ‘Tsunami Democràtic’. Estas declaraciones son contrarias al deber de respeto a la independencia judicial y han sido rechazadas por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Resulta aún más preocupante que el ministro de Justicia haya eludido pronunciarse sobre las críticas de Ribera y haya optado por reiterar su apoyo genérico a los jueces. Esta falta de contundencia por parte del ministro es inaceptable, ya que se espera de un representante del Gobierno que defienda la independencia y la imparcialidad de los jueces de manera firme y decidida.
Además, el hecho de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya respaldado las críticas de Ribera al juez también es preocupante. Esto demuestra una falta de coherencia en el discurso y la actuación del Gobierno en relación a la defensa de la independencia judicial.
Es evidente que esta actuación contradice las afirmaciones del ministro de Justicia de que el Gobierno trabaja por la independencia y la imparcialidad de los jueces. En lugar de proteger y respaldar a los jueces, los miembros del Gobierno parecen estar asumiendo un discurso que niega la imparcialidad de los jueces a conveniencia.
Es fundamental que el Gobierno defienda a los jueces de manera contundente y sin ambigüedades. Los jueces deben poder ejercer su labor de forma independiente y sin temor a represalias o presiones. La falta de una condena explícita por parte del Gobierno en este caso envía un mensaje preocupante de falta de compromiso con la independencia judicial.
En conclusión, la actuación de varios miembros del Gobierno en relación a las declaraciones de Teresa Ribera contra un juez de la Audiencia Nacional es contradictoria y preocupante. Es fundamental que el Gobierno defienda de manera firme y decidida la independencia judicial y respalde a los jueces en su labor. La falta de una condena explícita por parte del ministro de Justicia y el respaldo de otros miembros del Gobierno a las críticas de Ribera ponen en entredicho la defensa de los magistrados por parte del Gobierno.
