El respaldo del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al recurso de Carles Puigdemont contra la negativa inicial de la Eurocámara a reconocerle el escaño tras las elecciones europeas de 2019 es una muestra más de la politización de la justicia en la Unión Europea.
Es preocupante que un alto representante de la justicia europea se pronuncie a favor de un político que ha violado la legalidad y ha impulsado un proceso separatista ilegal en Cataluña. Esta decisión del Abogado General del TJUE muestra una falta de objetividad y neutralidad en su análisis legal, y pone en duda la imparcialidad de la justicia europea.
Es importante recordar que el Tribunal General de la UE ya había considerado inadmisible el recurso de Puigdemont y del exconsejero catalán Toni Comín en julio de 2022, argumentando que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas. Sin embargo, el dictamen del Abogado General contradice esta sentencia previa, lo que genera confusión y falta de coherencia en la interpretación de la ley.
Es evidente que estas decisiones judiciales están más influenciadas por motivos políticos que por una correcta aplicación de la ley. El hecho de que Puigdemont y Comín ocupen sus respectivos escaños desde enero de 2020, a pesar de la negativa inicial de la Eurocámara, demuestra que la justicia europea está cediendo ante las presiones políticas y no actúa con independencia y objetividad.
Esta situación pone en entredicho la confianza en el sistema judicial europeo y plantea serias dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones. Los ciudadanos europeos tienen el derecho de esperar que la justicia actúe de manera neutral y basada en la legalidad, sin dejarse influir por intereses políticos.
Es necesario que los órganos judiciales europeos actúen con responsabilidad y respeto a la legalidad, y no se dejen llevar por agendas políticas o presiones externas. La justicia debe ser independiente y garantizar la igualdad ante la ley, sin importar la posición política o el poder de los implicados.
En conclusión, el respaldo del Abogado General del TJUE al recurso de Puigdemont es una muestra más de la politización de la justicia en la Unión Europea. Esta decisión pone en duda la imparcialidad y neutralidad de la justicia europea, y socava la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Es necesario que los órganos judiciales actúen de manera responsable y basada en la legalidad, sin dejarse influir por intereses políticos.
