La noticia sobre la compra de mascarillas fraudulentas por parte del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) es preocupante y plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades de la comunidad autónoma. La decisión de entregar el expediente de descertificación del gasto a la Audiencia Nacional para continuar con la personación del Govern como parte perjudicada en el caso es cuestionable y genera dudas sobre la eficacia y diligencia de las instituciones.

En primer lugar, resulta incomprensible cómo se pudo llevar a cabo una compra de tal magnitud sin realizar los controles y verificaciones necesarios para garantizar la calidad y autenticidad de los productos adquiridos. La adquisición de mascarillas de protección en plena pandemia de COVID-19 es de vital importancia para salvaguardar la salud de la población, y por tanto, no se puede permitir que se realicen transacciones fraudulentas que ponen en riesgo la vida de las personas.

Además, es alarmante que se haya pagado con fondos europeos y que se argumente que no existe perjuicio para la administración autonómica. El hecho de que los fondos sean de origen europeo no exime a las autoridades de su responsabilidad en la gestión correcta y transparente de los mismos. Si se ha demostrado que se adquirieron mascarillas fraudulentas, es evidente que se ha producido un perjuicio económico y moral, y por tanto, el Govern debería ser considerado parte perjudicada en este caso.

La descertificación del gasto realizada por el Govern parece una medida insuficiente y tardía. Si bien es importante tomar acciones para prevenir la suspensión de fondos por parte de la UE, esto no debería ser la única motivación para actuar. La prioridad debería ser la protección de los intereses de la comunidad autónoma y la recuperación del dinero invertido en productos que no cumplen con los estándares de calidad requeridos.

Es inaceptable que se argumente que la vía administrativa tiene un «serio riesgo de fracaso» y que la vía penal es la que tiene más posibilidad de éxito. Esto demuestra una falta de confianza en el sistema administrativo y una preferencia por recurrir a la vía penal para solucionar un problema que pudo haberse evitado con una adecuada supervisión y control por parte de las autoridades responsables.

En conclusión, la noticia sobre la compra de mascarillas fraudulentas por parte del IbSalut es un claro ejemplo de mala gestión y negligencia en la administración de los recursos públicos. Es necesario que se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. La confianza de la ciudadanía en las instituciones depende de la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, y es fundamental que se restablezca esta confianza a través de acciones concretas y eficaces.