El aumento significativo de las actuaciones en catalán en el turno de oficio puede parecer positivo a primera vista, ya que implica un mayor uso de la lengua en la justicia. Sin embargo, este incremento está impulsado por un programa de fomento del catalán en el turno de oficio que ofrece un complemento salarial a los abogados que lo utilizan. Esto plantea serias dudas sobre la objetividad y la imparcialidad de los abogados que se benefician de este programa.

La justicia debe ser un espacio neutral y equitativo, en el que todos los ciudadanos sean tratados por igual, independientemente de la lengua que utilicen. Al establecer un programa que premia el uso de una determinada lengua, se corre el riesgo de que los abogados se sientan presionados para utilizar el catalán incluso en casos en los que no sea necesario o adecuado.

Además, este programa de fomento del catalán en el turno de oficio genera una desigualdad entre los abogados, ya que solo aquellos que se inscriben en él pueden beneficiarse del complemento salarial. Esto puede generar tensiones y conflictos entre los propios abogados, así como una percepción de favoritismo por parte de los ciudadanos que no hablan catalán.

Es importante recordar que el uso de una determinada lengua no debería ser motivo de privilegios en la justicia. Todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo y a ser atendidos en la lengua en la que se sientan más cómodos, sin que esto suponga ninguna ventaja o desventaja para ninguna de las partes.

En lugar de promover programas de fomento de una lengua específica, sería más adecuado invertir en la formación de los abogados para que puedan ofrecer un servicio de calidad en todas las lenguas oficiales del territorio. Esto garantizaría la igualdad de trato y evitaría cualquier tipo de discriminación.

En conclusión, si bien es importante promover el uso de todas las lenguas oficiales en la justicia, los programas que premian el uso de una lengua específica no son la mejor manera de lograrlo. Es necesario garantizar la neutralidad y la imparcialidad en la justicia, sin que el idioma sea motivo de privilegios o desigualdades.