La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha generado expectativas en la asociación Asufin, la cual espera que la banca se ponga en marcha y devuelva los gastos cobrados por cláusulas abusivas a sus clientes. Si bien esta decisión del tribunal es un paso en la dirección correcta para proteger los derechos de los consumidores, es importante analizar críticamente esta situación.
En primer lugar, es preocupante que se necesite una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para corregir las interpretaciones erróneas realizadas por el Tribunal Supremo y las audiencias provinciales en España. Estas instituciones, encargadas de impartir justicia, deberían tener en cuenta los principios básicos de protección al consumidor y no esperar a que una instancia superior les corrija.
Además, la sentencia establece que el plazo para reclamar los gastos cobrados por cláusulas abusivas no empezará a correr hasta que el consumidor conozca el carácter abusivo de la cláusula contractual. Esto plantea un problema, ya que el consumidor promedio no siempre tiene conocimiento jurídico suficiente para identificar una cláusula abusiva en un contrato bancario. Esto deja en desventaja a los consumidores y favorece a las entidades financieras, que tienen un mayor acceso a la información y los recursos legales.
Asimismo, la asociación Asufin celebra que los consumidores ahora puedan reclamar sus derechos con tranquilidad, pero también es importante mencionar que esta situación ha saturado los tribunales de manera innecesaria. Si las entidades bancarias actuaran de manera responsable y cumplieran con las leyes y regulaciones vigentes, no sería necesario que los consumidores tuvieran que recurrir a los tribunales para reclamar lo que les corresponde.
Por otro lado, la reflexión realizada por el TJUE sobre la responsabilidad de las entidades bancarias es válida. Si existe una jurisprudencia nacional consolidada que reconoce el carácter abusivo de determinadas cláusulas tipo, es de esperar que las entidades bancarias las conozcan y actúen en consecuencia. En este sentido, resulta sorprendente que los bancos no hayan estado abonando los gastos a sus clientes desde hace años, como indica la asociación Asufin.
En conclusión, si bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un avance en la protección de los derechos de los consumidores, es necesario realizar una reflexión crítica sobre esta situación. No deberíamos depender de sentencias judiciales para que las entidades bancarias actúen de manera responsable y cumplan con las leyes y regulaciones vigentes. Los consumidores merecen un trato justo y transparente desde el principio, sin tener que recurrir a los tribunales para reclamar lo que les corresponde.