AJFV pide que la AN se haga cargo de las investigaciones de narcotráfico para evitar una «atmósfera opresiva» hacia los tribunales locales

El narcotráfico es un problema que afecta gravemente a la sociedad y requiere medidas contundentes por parte de las autoridades. La reciente noticia sobre la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) reclamando que la Audiencia Nacional asuma las causas de narcotráfico a gran escala es una muestra más de la necesidad de abordar este problema de manera efectiva.

La AJFV argumenta que los juzgados locales, especialmente en zonas como Barbate en Cádiz, no cuentan con los medios suficientes ni tienen la capacidad para perseguir el narcotráfico a gran escala. Además, señalan que estos juzgados tienen una sobrecarga de trabajo «muy superior a lo que debiera corresponderles». Esta situación presenta una rémora inasumible que impide al Estado cumplir su función de garante de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.

Es preocupante que en lugares como Barbate y otras poblaciones de Andalucía se carezca de los recursos necesarios para combatir el narcotráfico. La falta de medios y la sobrecarga de trabajo son obstáculos que dificultan la labor de los jueces y las fuerzas de seguridad del Estado. Además, la situación económica y social de la costa andaluza, con altos niveles de desempleo, convierte al narcotráfico en una forma de vida atractiva para aquellos que buscan mejorar su estatus, incluso si eso implica delinquir.

Es especialmente preocupante el clima social opresivo e irrespirable al que se enfrentan los representantes del Estado de Derecho en estas zonas. La difusión en redes sociales de vídeos que muestran apoyos y jaleos hacia los delincuentes del narcotráfico demuestran la existencia de un rechazo social hacia las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Esta situación recuerda a los momentos más difíciles vividos durante la lucha contra ETA, donde los representantes del Estado también enfrentaron una fuerte presión social.

La propuesta de la AJFV de que la Audiencia Nacional asuma las causas de narcotráfico a gran escala es una medida necesaria y acertada. La Audiencia Nacional cuenta con los recursos y la experiencia necesarios para abordar este tipo de delitos de manera efectiva. Además, permitiría una unidad de actuación a lo largo del litoral andaluz, algo que actualmente resulta imposible debido a la dependencia de la línea de investigación individual seguida en cada juzgado mixto.

Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en estas zonas. Esto implica no solo que la Audiencia Nacional asuma estas causas, sino también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr mayor agilidad en la fase de instrucción. Además, se debe demandar el aumento de medios y la implementación de un complemento de peligrosidad/penosidad o la ampliación del complemento por especiales circunstancias del destino existente en otras zonas.

La muerte de dos guardias civiles en Barbate es una muestra más de la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas. No podemos permitir que el narcotráfico siga campando a sus anchas y poniendo en riesgo la seguridad y el prestigio de nuestro país. Es hora de actuar y garantizar el Estado de Derecho en todas las zonas de España.

Redacción

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