La noticia sobre la acusación de la defensa de Josep Lluís Alay, ‘mano derecha’ de Carles Puigdemont, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y la justicia en el sistema legal español. Como abogado experimentado, tengo serias reservas sobre cómo se está llevando a cabo este caso y creo que es importante destacar las deficiencias en el proceso.
En primer lugar, la defensa ha acusado al juez de introducir datos, relatos y supuestos hechos que no se corresponden con la realidad para ampliar el plazo de la investigación sobre ‘Tsunami Democràtic’. Esta acusación plantea serias dudas sobre la imparcialidad del juez y sugiere que está utilizando la investigación para alimentar un relato mediático en lugar de buscar la verdad y la justicia.
Además, la defensa ha pedido que se declare nulo todo lo investigado desde el 29 de julio de 2021, argumentando que se venció el plazo para investigar. Sin embargo, el juez ha rechazado esta petición en el pasado, lo que plantea interrogantes sobre su interpretación de la ley y su compromiso con el debido proceso legal.
Es preocupante que el juez insista en que los hechos encajan en el delito de terrorismo, utilizando convenios internacionales para respaldar su tesis. Esto plantea dudas sobre la interpretación de la ley y la aplicación de los convenios internacionales en el caso. Además, la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ ha sido descrita como una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, lo que sugiere una interpretación sesgada de los hechos y una presunción de culpabilidad antes de que se haya demostrado.
También es preocupante que el juez haya solicitado peticiones de auxilio internacional y haya argumentado que estas diligencias hacen necesaria la prórroga de la instrucción. Esto plantea interrogantes sobre la gestión del caso y si se están llevando a cabo investigaciones adecuadas y efectivas.
En resumen, esta noticia plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la justicia en el sistema legal español. Como abogado experimentado, creo que es importante destacar estas deficiencias y cuestionar la forma en que se está llevando a cabo este caso. La justicia debe ser imparcial, basada en hechos y cumplir con los principios del debido proceso legal.