El informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha generado la indignación y el desprecio del jefe de Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Según Buxadé, este informe muestra un «absoluto desprecio jurídico y político» y desacredita automáticamente al tribunal ante los españoles.
Es preocupante que un representante político desacredite a un tribunal de la Unión Europea simplemente porque no está de acuerdo con sus conclusiones. La independencia judicial es un principio fundamental en cualquier democracia y es necesario respetar las decisiones de los tribunales, aunque no se compartan.
Además, resulta inaceptable la forma en que Buxadé se refiere al Abogado General, calificándolo como un «polaco de izquierdas» nombrado por los socios de Tusk y Feijóo. Estas declaraciones son una muestra clara de prejuicio y demuestran una actitud discriminatoria hacia una persona por su nacionalidad y sus creencias políticas.
Por otro lado, Vox ha manifestado que no reconocerá como diputado a nadie que no asuma la Constitución española. Si bien es comprensible que un partido político defienda ciertos principios y valores, esto no puede ser motivo para desconocer una sentencia del Tribunal Europeo. El TJUE es la máxima instancia judicial de la Unión Europea y sus decisiones deben ser respetadas por todos los Estados miembros.
Es importante recordar que el caso de Puigdemont y Comín se basa en un recurso contra la decisión inicial del Parlamento de no reconocerles como eurodiputados. El informe del Abogado General respalda a los políticos independentistas y contradice una sentencia previa del Tribunal General de la Unión Europea. Este tipo de situaciones son comunes en el ámbito judicial y es precisamente la función de los tribunales resolverlas.
En conclusión, resulta preocupante que un representante político desacredite a un tribunal de la Unión Europea y que se niegue a reconocer una sentencia basándose en sus propios criterios. Es fundamental respetar la independencia judicial y acatar las decisiones de los tribunales, aunque no se esté de acuerdo con ellas. El estado de derecho y la democracia dependen de ello.
