La reunión mantenida entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Mariano Rajoy el pasado 23 de julio, parece que puede llevar a buen puerto la candente cuestión de la renovación tanto del CGPJ como de 4 de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato se ha extinguido.
Así mismo, el acuerdo alcanzado entre los principales partidos políticos, incluiría otros aspectos relativos a la modernización de la Justicia como el compromiso de lograr la plena implantación de la oficina judicial, el desarrollo avanzado del sistema de interconexión entre todos los registros o un nuevo paquete de medidas antiterroristas.
En el caso del órgano de gobierno de los jueces, la renovación de sus vocales se produciría con casi dos años de retraso, durante los cuales el desencuentro entre los principales partidos ha terminado por repercutir en el CGPJ. Entre las fórmulas más plausibles que se barajan para el reparto de vocales, destaca la siguiente: 9 vocales elegidos por el PSOE, 9 por el PP, 1 por CiU y 1 por PNV. De este modo se completarían los 20 vocales, de los que 10 serán elegidos por el Congreso con mayoría de tres quintos y 10 por el Senado con idéntica mayoría. Aunque antes, los vocales propuestos deberán pasar durante la primera semana de septiembre por el filtro de los comités de nombramientos, que no son otros que las comisiones de Justicia de ambas cámaras, que evaluarán la idoneidad de los candidatos.
Cumplido este trámite, los plenos del 16 de septiembre de las dos cámaras legislativas votarán a los nuevos vocales, que, tras tomar posesión ante el Rey, se reunirán para elegir al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Si los plazos se cumplen, el debut del nuevo CGPJ podría efectuarse en la apertura del año judicial.
Respecto al Tribunal Constitucional, el acuerdo alcanzado comprendería la elección de dos magistrados por parte del PSOE, dos por el PP y uno elegido por consenso, para sustituir la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado García Calvo. Como particularidad, destacar que se estrenará el sistema de elección que el propio TC ha avalado mediante una sentencia: es decir los magistrados que deben ser elegidos por el Senado, lo serán a propuesta de los Parlamentos autonómicos, mientras que la elección de la vacante dejada por García Calvo, será efectuada por el Congreso.
Se abre en definitiva un periodo de acuerdos en materia de Justicia, que si bien ha de ser beneficioso en cuanto a la modernización de la misma, no parece que vaya a cambiar el panorama o la percepción de “politización” que se ha cernido tanto sobre el CGPJ como sobre el TC.
