TRIBUNA DEL DERECHO

La Tribuna del Derecho

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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave de desatención al titular del juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, Rafael Tirado, como consecuencia de los retrasos y errores que se produjeron en la ejecución de la sentencia que, en el caso de que se hubiera realizado correctamente, hubiera supuesto el encarcelamiento del supuesto asesino Del Valle y, en consecuencia, Mari Luz estaría hoy viva.

El comportamiento del juez Tirado y de su juzgado no son precisamente un monumento al buen hacer profesional. Desde que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara la sentencia, Tirado tardó tres años en ejecutarla, ordenando localizar en una ocasión a Del Valle y a su esposa, aunque sin gran empeño en la causa (de hecho, ni tan siquiera el juez supervisó dicho llamamiento que no pasó de las manos de la secretaría del Juzgado). Huelga decir que no estamos ante un carterista sino ante un personaje que había violado a su hija de cinco años.

Pues bien, una vez que no se averigua el paradero del delincuente, el juez no ordena la búsqueda y captura a la Policía, cometiendo aquí el mayor error de todo el proceso. «La señora secretaria no se percató de la omisión por parte del funcionario que tramitaba la ejecutoria, de la expedición de la requisitoria de Santiago del Valle, a pesar de venir obligada a verla por el efectivo cumplimiento de o acordado. Tampoco lo advirtió el magistrado», señala el informe del Servicio de Inspección. Y por si fuera poco, al mismo tiempo que se trata de averiguar el paradero del delincuente, el juez solicita informe a la fiscalía para determinar si era procedente o no la detención del delincuente.

«En definitiva, como consecuencia de los trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la Ejecutoria, la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días». Con esta lapidaria frase concluye el inspector, que además deja constancia de que “en ningún momento de la dilatada tramitación de la causa el Ministerio Fiscal o la Junta de Andalucía, que actuaba como acusación particular, denunciaran demoras o irregularidades en la tramitación de la Ejecutoria”, lo cual no dejan precisamente en buen lugar a ambas instituciones. En cuanto al juez, el Servicio de Inspección concluye que podríamos estar ante una “conducta imputable al juez Rafael Tirado que se incardina en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona como falta muy grave «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».

Redacción

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