La polémica en este caso se centraba en dos aspectos que fueron denunciados por los populares y que ahora han sido ratificados: en primer lugar, el debate se centraba en un artículo de la LOTC que establecía la prórroga automática del presidente y vicepresidente del TC hasta que se realizara la siguiente renovación parcial del mismo. Dicho artículo posibilitó que María Emilia Casas repitiera de nuevo en el cargo, lo cual resulta de gran importancia por el voto de calidad que tiene y rompe el actual empate entre conservadores y progresistas (no hay que olvidar que está pendiente de resolverse cuestiones importantísimas, como el estatuto de Cataluña entre otros). En segundo lugar, el grupo popular entendía que los parlamentos de las Comunidades Autónomas no debían participar en el nombramiento de los cuatro magistrados que corresponde nombrar al Senado, término éste que ha sido también ratificado.
Atrás queda la polémica surgida en torno a las recusaciones. De un lado, las del Gobierno contra dos magistrados conservadores a los que se consideraba “contaminados” por haber criticado la ley y solicitado la dimisión de la presidenta Casas. Ambos fueron apartados de esta resolución. Y de otro lado, las recusaciones planteadas por el Partido Popular y que, por supuesto, fueron rechazadas de plano por el Constitucional, que aplicaba el criterio contrario al anterior, aunque se tratara del mismo supuesto (en este caso, alababan la citada norma con lo que estarían igualmente “contaminados”, aunque en sentido contrario).
Ahora, Casas podrá seguir contando con su voto de calidad que puede hacer valer en caso de empate, lo cual es harto probable al existir la mitad de magistrados conservadores y la otra mitad progresistas. Lo cual lleva necesariamente a la conclusión de que estamos ante un órgano absolutamente parcial y determinado por la voluntad política. Cualquiera puede conocer el resultado de sus deliberaciones y el fruto de sus sentencias sabiendo de antemano quién juzgará los asuntos. Una Justicia dependiente absolutamente de los intereses partidistas que hace un flaco favor al prestigio de dicha institución. Máxime cuando se trata de un órgano ajeno a los problemas de los ciudadanos (5.000 recursos de amparo inadmitidos, sin que nunca hubieran llegado a las manos de los citados magistrados) y más preocupado en resolver la papeleta a ricos estafadores.
