Opinión: La falta de transparencia y el abuso de poder en la Fiscalía General del Estado

La reciente declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que asume la responsabilidad de una controvertida nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid, revela una vez más la falta de transparencia y el abuso de poder que existe en esta institución.

En primer lugar, es preocupante que el fiscal general pretenda «no consentir» que los fiscales sean «perturbados» por ejercitar la acción penal en casos de posible comisión de delitos. Esta actitud demuestra una clara intención de proteger a ciertos individuos y evitar que los fiscales cumplan con su deber de perseguir la justicia de manera imparcial.

Además, resulta alarmante que el fiscal general atribuya a la Fiscalía la función de informar a la opinión pública sobre los acontecimientos que se produzcan en su ámbito de competencia. Si bien es cierto que la transparencia es fundamental en cualquier institución pública, esto no debe confundirse con la difusión de información que pueda perjudicar el derecho de defensa o afectar a un ulterior procedimiento judicial.

En este sentido, es importante destacar que la comunicación de la Fiscalía en cuestión no contenía información relevante para el caso ni datos confidenciales que pudieran afectar al debido proceso. Sin embargo, la mera emisión de esta nota de prensa generó una serie de consecuencias legales, incluyendo acciones legales por parte de los implicados y la puesta en entredicho de la imparcialidad de los fiscales involucrados.

La declaración del fiscal general también revela una actitud de desprecio hacia las filtraciones de información y una falta de protección de la confidencialidad de los casos judiciales. Si bien es cierto que las filtraciones son indeseables, esto no justifica la emisión de comunicados que puedan perjudicar a los implicados y poner en riesgo el debido proceso.

Es fundamental que la Fiscalía General del Estado actúe con imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la actuación del fiscal general y la emisión de esta nota de prensa cuestionable ponen en duda la capacidad de esta institución para garantizar un sistema de justicia equitativo y transparente.

En conclusión, resulta necesario que se realicen reformas en la Fiscalía General del Estado para asegurar la transparencia, la imparcialidad y el respeto al debido proceso en todos los casos judiciales. La sociedad merece una institución que actúe de manera justa y responsable, en lugar de proteger a ciertos individuos y ejercer un abuso de poder.