El Tribunal Supremo confirma la pena de 16 años de prisión impuesta a Ana María Cameno, conocida como ‘La Reina de la Coca’, por liderar una red de narcotráfico que vendió más de 100 kilos de cocaína en 2014. Además, avala la multa de 21,2 millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional. Esta noticia pone de manifiesto la eficacia de la justicia en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
En primer lugar, es importante destacar que el Tribunal Supremo ha desestimado los argumentos de las defensas que recurrieron la sentencia de 2022. Esto demuestra que existen pruebas suficientes que acreditan la existencia de una organización criminal en la que Cameno actuaba como directora u organizadora. Se ha demostrado que hubo una distribución y venta de cocaína a gran escala, así como el blanqueo de los fondos obtenidos del narcotráfico.
Además, el tribunal ha rechazado la tesis de Cameno de que se le condenó «por conjeturas». Por el contrario, ha defendido que existen pruebas sólidas del destino al tráfico de drogas y de la utilización de los fondos económicos obtenidos para ser lavados. También se ha probado que se utilizaron estructuras societarias para conseguir el blanqueo de estos capitales de ilícita procedencia.
Es importante resaltar que, según el Tribunal Supremo, los hechos probados recogidos en la sentencia de la Audiencia Nacional describen la participación de cada uno de los condenados dentro de esa organización criminal. Se ha demostrado la estabilidad y el reparto de tareas al servicio del delito, tanto en el tráfico de drogas como en el posterior blanqueo de capitales.
En este sentido, es destacable el papel de ‘La Reina de la Coca’ como líder de la organización. Mantenía contactos regulares con suministradores y encargados del transporte de la sustancia, se ocupaba de los pagos correspondientes a las ventas y contactaba con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero. Además, adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas y valiéndose de terceras personas.
Por otro lado, es relevante mencionar las penas impuestas a los demás miembros de la organización criminal. El Tribunal Supremo ha ratificado las penas de entre 4 y 9 años de prisión impuestas a nueve integrantes de la organización. Esto demuestra que se ha hecho justicia y se ha castigado a todos los implicados en el delito.
En conclusión, la confirmación de la pena de 16 años de prisión para ‘La Reina de la Coca’ y la ratificación de las penas para los demás miembros de la organización demuestran que la justicia está actuando con contundencia contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Es fundamental seguir combatiendo estos delitos para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad.