El Tribunal Constitucional (TC) tiene como objetivo dar prioridad a los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se presenten contra la futura ley de amnistía, aunque no se espera que pueda resolver antes de seis meses, según fuentes consultadas por Europa Press.
El PSOE ha registrado una proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, pero ya cuenta con varios detractores que planean impugnarla ante el Tribunal Constitucional.
Se espera que el Tribunal Supremo, a través de los jueces que llevan casos relacionados con el ‘procés’, plantee una cuestión de inconstitucionalidad, al igual que cualquier otro juez o tribunal que tenga casos afectados por la amnistía.
Además, los políticos también podrán recurrir al Tribunal Constitucional. Aquellos que cuenten con al menos 50 diputados y senadores podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo que en la actual configuración parlamentaria se limita al PP. También se esperan movimientos por parte de los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
La proposición de ley establece que los jueces y tribunales deberán aplicar la ley de amnistía de manera «preferente y urgente», dándoles un plazo máximo de dos meses para decidir si afecta a sus casos.
En el Tribunal Constitucional, también se dará prioridad a los recursos y cuestiones relacionadas con la ley de amnistía, pero es poco probable que se resuelvan en menos de seis meses debido a los trámites legales que deben seguirse.
Un abogado ha recurrido la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha solicitado que se anule su tramitación.
La propuesta del PSOE para la amnistía del independentismo catalán abarca más de una década del ‘procés’, desde enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. El texto propone amnistiar la responsabilidad penal, administrativa o contable de los actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña.
La amnistía incluye los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los actos que hayan contribuido a esos propósitos. Entre los delitos incluidos se encuentran la usurpación de funciones públicas, malversación, prevaricación, desobediencia y desórdenes públicos.
Además de la organización y celebración de la consulta y el referéndum, la amnistía abarca otros posibles ilícitos relacionados, como los actos preparatorios y las acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de los responsables.
También se incluyen los actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y resistencia ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares o mostrar apoyo a los objetivos y fines del ‘procés’. Asimismo, se propone amnistiar las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de dichas consultas.