Las recientes sentencias del Tribunal General de la Unión Europea confirmando la ilegalidad de las ayudas fiscales de España al sector naval son un claro ejemplo de cómo la Comisión Europea está actuando de manera arbitraria y excesiva en su aplicación de las normas de competencia.
En primer lugar, es importante señalar que estas ayudas fiscales fueron implementadas por España con el objetivo de fomentar la competitividad y el desarrollo del sector naval en el país. Sin embargo, la Comisión Europea consideró que estas medidas constituían una ayuda estatal que distorsionaba la competencia en el mercado interior.
La decisión de la Comisión se basa en la premisa errónea de que estas medidas deben ser evaluadas de forma separada, sin tener en cuenta el régimen fiscal en su conjunto. Esto es un error grave, ya que estas ayudas fiscales formaban parte de un sistema más amplio destinado a promover la inversión y la creación de empleo en el sector naval.
Además, la Comisión también ha sobrepasado sus competencias al exigir a España la recuperación de la ayuda de sus beneficiarios, sin permitirles transferir la carga de dicha recuperación a ninguna otra parte contratante. Esta decisión es injusta y perjudica a las empresas y a los inversores que participaron en el sector naval en base a las reglas establecidas por el gobierno español.
Es preocupante ver cómo la Comisión Europea utiliza su poder para imponer su interpretación de las normas de competencia, sin tener en cuenta las particularidades y los objetivos de cada país miembro. Esta actitud genera incertidumbre jurídica y desincentiva la inversión y la innovación en el sector naval y en otros sectores estratégicos.
En conclusión, las recientes sentencias del Tribunal General de la Unión Europea confirmando la ilegalidad de las ayudas fiscales de España al sector naval son una muestra más de la excesiva intervención de la Comisión Europea en la aplicación de las normas de competencia. Es necesario que se revisen y se clarifiquen estas normas para evitar decisiones injustas y perjudiciales para las empresas y los inversores.
