El presente artículo tiene como objetivo analizar y criticar la noticia relacionada con el recurso presentado por el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, en el que se alega la ausencia de indicios de actuación delictiva en su gestión y se cuestiona la tesis incriminatoria del juez José Luis Calama.

En primer lugar, es relevante destacar que el recurso presentado por Ron se basa en la afirmación de que el juez ha prescindido de la abundante prueba de descargo, incluyendo la prueba de peritos elaborada por funcionarios del Banco de España. Según la defensa, la actuación de las entidades de supervisión, como el Banco de España, el Banco Central Europeo, el FROB y la CNMV, no puede ser cuestionada y debe ser tenida en cuenta en el proceso judicial.

Sin embargo, resulta preocupante que la defensa de Ron desestime los criterios retrospectivos del juez y las evidencias presentadas en su contra. Es fundamental recordar que la labor de los jueces consiste en analizar la prueba aportada por ambas partes y tomar una decisión basada en el resultado objetivo de las diligencias de investigación. Si el juez ha decidido procesar a Ron y a otros directivos, es porque considera que existen suficientes indicios de actuación delictiva en la ampliación de capital de 2016.

Además, la defensa de Ron argumenta que los estados financieros previos a la ampliación de capital fueron debidamente auditados y revisados sin salvedades por PwC y KPMG. Sin embargo, el juez señala que el folleto de la ampliación de capital ofrecía una información financiera alterada, que ocultaba a los inversores importantes déficits de provisiones. Esto pone en entredicho la fiabilidad de los estados financieros presentados y refuerza la tesis incriminatoria del juez.

En definitiva, el recurso presentado por la defensa de Ángel Ron carece de fundamento racional y no se corresponde con el resultado objetivo de las diligencias de investigación. Resulta preocupante que se intente despreciar las opiniones e instrucciones de las entidades de supervisión y se ponga en duda la actuación del sistema judicial y financiero. Es responsabilidad del juez evaluar todas las pruebas presentadas y tomar una decisión basada en el análisis riguroso de los hechos. En este caso, el juez ha considerado que existen indicios de actuación delictiva en la gestión de Ron y otros directivos del Banco Popular, y es necesario que se realice un juicio oral para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.