La propuesta del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de llevar a juicio a los miembros de Sortu bajo la excusa de los ‘ongi etorris’ es un claro ejemplo de lawfare y demuestra una vez más que el Estado profundo sigue obstaculizando la solución política de los conflictos. Esta decisión no solo es injusta, sino que también busca desbaratar la ventana de oportunidad y posibilidad de avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y los derechos nacionales de Euskal Herria, Cataluña y Galicia.
Es preocupante que el aparato de justicia se utilice una vez más para impedir la democratización del Estado y mantener las ataduras impuestas durante el franquismo. Esta estrategia de lawfare busca deslegitimar a aquellos actores políticos que luchan por la paz, la libertad y los derechos de los pueblos, en lugar de abordar los conflictos políticos desde una perspectiva democrática.
Es importante destacar que el juez García-Castellón ya estuvo involucrado en la causa de la Ley de Amnistía de Cataluña, lo que genera sospechas sobre su imparcialidad en este caso. Ante estos obstáculos, Sortu reafirma su compromiso con la paz, la libertad y los derechos de los pueblos, y continuará trabajando por una solución integral del conflicto.
Es necesario recordar que los estados pueden ser fuertes, pero no invencibles. En Euskal Herria existe una mayoría que reclama una solución integral del conflicto y que lucha por la paz y la libertad. Este pueblo logrará construir un futuro sin presos, huidos y deportados. Sin embargo, es fundamental que los poderes del Estado abandonen estas estrategias de lawfare y se comprometan en la resolución política de los conflictos, reconociendo la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos. Solo así se podrá alcanzar una verdadera democracia y una paz duradera.
