El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha expresado su opinión sobre la jurisdicción de los casos de narcotráfico y ha argumentado que no ve razón para que se juzguen en la Audiencia Nacional. En su lugar, defiende que se deben dotar de más recursos a los tribunales de la zona del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz.
En primer lugar, Cisneros señala que el problema del narcotráfico es localizado y que existen profesionales capacitados en la zona que pueden atender estos casos perfectamente. No ve la necesidad de trasladarlos a la Audiencia Nacional, ya que esto complicaría la tramitación de los casos al alejarlos de los testigos y los policías que intervienen. Además, argumenta que se debe fortalecer a los tribunales locales que están familiarizados con los procedimientos y que tienen un conocimiento más cercano de la situación.
El fiscal jefe también destaca la falta de recursos en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Reconoce que se ha realizado un esfuerzo importante para ampliar los juzgados y el número de fiscales, pero considera que no ha sido suficiente para hacer frente al aumento de los procedimientos derivados del plan especial del Campo de Gibraltar. Además, lamenta que la justicia en España en general esté maltratada y no reciba la atención que merece por parte de la Administración.
En relación a la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, Cisneros destaca que esto implica que los profesionales destinados allí son jóvenes y con poca experiencia, lo cual no es positivo. Propone que se realicen reformas procesales para acelerar los procedimientos y evitar que los recursos presentados paralicen las causas y generen retrasos injustificados, lo que puede llevar a la liberación de personas que deberían estar en prisión.
En conclusión, la opinión del fiscal jefe de Algeciras es crítica con la jurisdicción de los casos de narcotráfico en la Audiencia Nacional y aboga por dotar de más recursos a los tribunales locales. Considera que se necesita un mayor apoyo económico y medidas de apoyo a los profesionales que trabajan en la zona del Campo de Gibraltar. Además, propone reformas procesales para agilizar los procedimientos y evitar retrasos innecesarios.
