El Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, es un pilar dentro de los sistemas fiscales actuales.

Según datos de la OCDE, el IVA representa alrededor del 17% del total de ingresos tributarios del conjunto de administraciones públicas. En los países de la Unión Europea, su peso es superior, llegando al 19%.

El actual ejecutivo español ha propuesto en los Presupuesto Generales del Estado para 2.010, una subida de tipos; el tipo general alcanzaría el 18%, el tipo reducido pasaría al 8% y permanecería invariable el tipo súper reducido, es decir, el de los productos básicos y de primera necesidad.

Todo esto conllevará una serie de consecuencias en el mercado, dado que el IVA es la imposición general sobre el consumo y se aplica en todas las fases de producción y distribución de bienes y servicios.

En principio el objeto de la subida de impuestos planteada por el Gobierno tiene como objetivo aumentar la recaudación del Estado, lo que no está muy claro es que con la subida del IVA se consiga dicho efecto, y es que la subida de tipos realizada en 1993, en la que se pasó del 12% al 13% y posteriormente hasta el 15%, no se tradujo en subida, sino en bajada de la recaudación.

La reflexión más clara desde el punto de vista del consumidor es que se producirá una subida de precios, del 1% para los productos grabados con el tipo reducido (p.ej. viviendas de nueva construcción, alimentos no considerados de primera necesidad, restaurantes, hoteles, etc.) y el 2% para los bienes sujetos al tipo de gravamen general (vehículos nuevos, ropa, prestación de servicios, etc.).

Todo hace indicar que no será hasta el segundo semestre del año 2.010, cuando se apliquen los nuevos tipos, lo que sin duda puede provocar que en la primera mitad del año se produzca un incremento sustantivo del consumo de dichos bienes, ya que el ahorro que se puede producir en la compra de un piso o un coche, por ejemplo, es importante.

Como contrapunto a ese aumento de consumo en los primero meses del año, para evitar la subida de los precios finales, se puede dar un parón en la economía española para el segundo semestre del año, provocado por el alza generalizada de precios.

Una de las principales consecuencias de una subida de este impuesto es que puede tener impacto inflacionista. El principal riesgo de subir el IVA es por tanto, que, al trasladarse al precio, puede crear tensiones inflacionistas. Quizá para evitar dichas tensiones, sería conveniente acompañar el alza impositiva con una bajada en las cotizaciones sociales, para intentar conseguir que el impacto sobre el IPC fuese neutro.

Otra de las posibles consecuencias que se pueden derivar del aumento de la presión fiscal, es que aumente el fraude fiscal. Está acreditado que toda subida de impuesto conlleva un aumento del fraude fiscal. En relación al IVA hacía ya varios años que habían desaparecida las tramas de facturas falsas, para justificar gastos y reducir el pago de impuestos y se teme desde la propia Agencia Tributaria que este aumento impositivo signifique que se vuelvan a usar tramas como esa, para conseguir pagar menos IVA.

El aumento del gravamen, además, podría influir sobre las decisiones de gasto y ahorro de los hogares. En una coyuntura como la actual, en la que el crecimiento económico español es muy dependiente del consumo, subir el IVA podría suponer un freno en el gasto de los hogares y las empresas.

Además, un IVA más alto puede afectar sobre la competitividad de las empresas, ya que éstas al trasladar un IVA más alto al precio puede provocar que los consumidores consuman menos y si las empresas tienen que bajar su precio para que el consumidor final no note el IVA, bajarán sus ingresos y por ende sus beneficios.

En definitiva muchas son las coyunturas que puede traer la subida de un impuesto como el IVA, debido a que es un impuesto que afecta a todos los ciudadanos y que influye en el día a día de de las economías familiares y empresariales, y que sólo el tiempo será capaz de decirnos si es o no positiva para el Estado.

2 de diciembre de 2009