Acuerdo PSOE-PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial

18 vocales serán nombrados a propuesta del PSOE y del PP a partes iguales; y el PNV y CIU propondrán uno cada uno. Los nacionalistas árbitros del Consejo. Les detallamos la lista completa de candidatos propuestos a formar parte del CGPJ.

El lunes se cerró el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales para renovar el órgano de gobierno de los jueces. El Congreso y el Senado votarán los días 16 y 17 de septiembre una lista acordada por los portavoces parlamentarios José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría.

Una vez constituido, el nuevo Consejo procederá al nombramiento de presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo por mayoría de tres quintos de sus miembros. Este quórum reforzado debería ser una garantía para la elección de un presidente en quien concurra la condición magistrado de gran prestigio jurídico y haya estado alejado del poder político. De no ser así, los males endémicos de la Justicia española y la desconfianza de los ciudadanos ante su politización aumentarán.

Publicamos la lista de los veinte vocales propuestos. Hay en ellos, sin lugar a dudas, magistrados y juristas acreditados con una brillante carrera profesional, aunque en algún caso, como en el de Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior, posea un perfil político destacado. Perfil acentuado en el caso de CIU y del PNV. Mientras tanto el PSOE como el PP por lo menos se han esforzado en presentar juristas de reconocido prestigio para cubrir las vacantes de este carácter, los nacionalistas han optado por presentar dos candidatos que son políticos en estado puro. Margarita Uría posee una gran formación, pero prevalece en ella, por encima de cualquier otra consideración, su condición de militante del PNV. Lo mismo cabe decir de Ramón Camp. Y no debe olvidarse que en caso de empate entre los dos “bloques” de vocales, los árbitros serán los nacionalistas y no el presidente del Tribunal Supremo.

Queremos dar un margen de confianza al nuevo Consejo que tiene por delante un panorama no muy alentador. Pero si al final vuelve a reproducirse el fraccionamiento en dos bloques, uno formado por los juristas supuestamente “conservadores” y el otro por los juristas supuestamente “progresistas”, se habrá perdido una gran oportunidad para cambiar las cosas.

No estaría de más que los dos grandes partidos renunciaran a imponer el nombre del candidato a la presidencia del Tribunal Supremo. Es el Consejo quien lo elige y lo propone al Rey. Que sea de verdad así.

LISTA DE CANDIDATOS AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

A PROPUESTA DEL PSOE

Juristas de reconocida competencia

-Almudena Lastra de Inés, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

-José Manuel Gómez Benítez, abogado y catedrático de Derecho Penal.

-Gabriela Bravo Sanestanislao, fiscal y presidenta del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)

Candidatos propuestos por las asociaciones de jueces y magistrados

-Margarita Robles Fernández, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Jueces para la Democracia).

-Carles Cruz Moratones, magistrado de la Audiencia Provincial de Girona (JpD).

-Miguel Carmona Ruano, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla (JpD).

-Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (JpD)

-Manuel Torres Vela, presidente de la Sección IV de la Audiencia de Málaga (Asociación Francisco de Vitoria).

-Félix Azón, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Asociación Francisco de Vitoria).

A PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR

Juristas de reconocida competencia

-Fernando de Rosa Torner, magistrado en excedencia, profesor universitario y conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana.

-Claro José Fernández Carnicero, inspector de Hacienda y letrado de las Cortes Generales.

-Antonio Dorado Picón, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

De la lista de candidatos de las asociaciones de jueces y magistrados

-Pío Aguirre Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén (Asociación Profesional de la Magistratura).

-Manuel Almenar Berenguer, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra (APM).

-Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara (APM).

-Gema Gallego Suárez, magistrada del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid (APM).

-Miguel Collado Nuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona (APM).

-Antonio Montserrat Quintana, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona.

A PROPUESTA DE CIU

-Ramón Camp i Batalla, abogado. Fue portavoz de CiU en el Senado y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, así como uno de los redactores del Estatuto de Cataluña

A PROPUESTA DEL PNV

-Margarita Uría Etxebarría, abogada. Fue diputada del PNV en la anterior legislatura ejerciendo de portavoz de los nacionalistas en la Comisión de Justicia del Congreso y de presidenta de la de Sanidad.

Modernización y descentralización caracterizan la Memoria 2016 de la Abogacía del Estado

Con la presencia del Ministro de Justicia, el Secretario de Estado para Justicia, Julio Pérez y el Abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, se presentó la Memoria de la Abogacía del Estado del periodo 2016.

Una vez más, los datos avalan no sólo la intensidad de trabajo que asume este servicio, sino la importancia de las cuestiones que recaen en su ámbito de actuación.

Datos

Según pone de manifiesto la Memoria, la Abogacía General del Estado (AdE) ha representado a la Administración General del Estado (AGE) y a todo el sector público estatal en 126.000 pleitos nuevos en2016. En total, 293.000 pleitos permanecían vivos en 2016, de los cuales se finalizaron 203.422 durante ese año. El porcentaje de éxito alcanzó el 80%, lo que confirma un alto índice de eficiencia y éxito.

Funciones

Pese a que la figura del Abogado del Estado se asocia necesariamente a la defensa jurídica y procesal de los intereses de la AGE, debe resaltarse la importancia de la labor consultiva que llevan a cabo. De este modo, a lo largo de 2016 fueron hasta 250.000 las cuestiones tramitadas mediante consulta a los servicios jurídicos del Estado. En este ámbito esencial de sus funciones, la AdE presta un asesoramiento permanente a toda la Administración; realiza una importante labor de prevención de la litigiosidad y garantiza la transparencia y la efectividad en los procesos (entre otros, los de contratación administrativa). Su asistencia integral al sector público potencia una unidad de doctrina en este ámbito que, de otra manera, no existiría.

Ámbito autonómico

La reforma del Reglamento de Servicio jurídico del Estado, introdujo la figura del Abogado de Estado jefe en las Comunidades Autónomas, una medida que responde a la creciente territorialización de la propia Administración. De este modo, se pretende lograr procesos más ágiles y eficaces, en los que se potencie la unidad de actuación de la Administración periférica.

Modernización

Otro de los pasos importantes que han dado los servicios jurídicos a lo largo del pasado año, se refiere al proceso de digitalización emprendido. De este modo, se ha logrado digitalizar los expedientes correspondientes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es decir, aquella a la que corresponde una parte significativa de los litigios gestionados por la AdE. Así mismo, se ha emprendido la importante labor de informatizar archivos y registros.

Casos más relevantes

Dentro de la ingente tarea llevada a cabo por la Abogacía del Estado, han sido muchos los casos que por su relevancia han ocupado la atención de los medios. Por ello no resulta extraño que los servicios jurídicos del Estado, hayan estado ahí en defensa de los intereses institucionales del Estado. Entre otros casos sonados, la Abogacía ha intervenido en el proceso seguido por el 11-M, los múltiples recursos presentados en contra de Educación para la Ciudadanía, el derrumbe del barrio del Carmelo, el caso del “ácido bórico” o el proceso judicial penal del Prestige en España.

BBVA vulnera la confidencialidad de los datos de sus clientes

A pesar de existir un procedimiento de seguridad para la destrucción de la documentación con datos confidenciales de los clientes, éstos aparecieron en un vertedero público. La agencia española de protección de datos determinó que la responsabilidad era del banco y no de la empresa de limpieza entre cuyos servicios no se encontraba ninguna relacionada con el tratamiento de datos.

El BBVA ha sido condenado a una multa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción al principio de seguridad de datos y el deber de confidencialidad consagrados en la ley reguladora de la protección de datos, por el tratamiento dado a los datos personales y financieros de sus clientes.

Denuncia

Aunque los hechos se hicieron de conocimiento público a través de la prensa fue una denuncia la que alertó sobre la presencia de documentación con datos personales y confidenciales de clientes de la entidad bancaria, en un vertedero de un polígono industrial. Iniciado el procedimiento de investigación se pudo comprobar que la empresa encargada de la limpieza de las oficinas había recogido una bolsa que contenía documentación, que en lugar de ser destruida por la empresa encargada de la documentación, fue recogida y depositada en el vertedero, incumplimiento el procedimiento de seguridad.

Según el procedimiento de seguridad establecido por el Banco, en las bolsas de basura no debe figurar documentación alguna, ya que la entidad ha habilitado una habitación destinada a albergar las basuras hasta su retirada por la empresa especializada en destrucción de la documentación, que es la que emite el correspondiente certificado de destrucción.

Responsabilidad

Aún cuando la empresa encargada de la limpieza asumió toda la responsabilidad por los hechos ocurridos, las alegaciones en torno a la exoneración por parte del banco no fue aceptada por la AEPD, toda vez que el contrato de prestación del servicio consistente en la limpieza de los edificios no contenía ninguna cláusula relativa al tratamiento de datos de carácter personal por parte de sus empleados.

La Administración ha entendido que en consecuencia siendo el BBVA el responsable del fichero origen de los datos personales recogidos en los documentos que fueron hallados en un vertedero público, es su responsabilidad adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que no produjera un acceso indebido a dichos datos por parte de terceros.

Agregando que en este caso se incumplió la normativa de seguridad de la entidad que obliga a la destrucción en la propia entidad de toda documentación que pudiera contener datos personales de los clientes y que prohíbe expresamente tirar documentación con datos a la basura, con lo que dichos documentos nunca debieron ser accesibles por el personal de la empresa de limpieza.

Obligación

El art. 9 de la LOPD establece el principio de seguridad de los datos imponiendo la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que la garanticen aquélla, tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, la gestión de los soportes que vayan a ser desechados.

Según el procedimiento incumplido, una vez generados documentos con datos personales y confidenciales de los, es obligatorio velar por su destrucción, de forma que dicha información no pueda ser accesible ni utilizada por terceras personas.

A pesar de establecerse internamente que quedaba prohibido de forma expresa tirar cualquier documentación legible con datos de clientes a la basura, en el caso n se cumplió y se vulneró el deber de confidencialidad de los datos de los clientes.

Sanción

El banco ha sido declarado responsable del fichero en el que constan los datos de sus clientes, así como de la custodia de la documentación referida a éstos y que apareció abandonada en vertedero existente en el Polígono, por lo que debe imputársele a ella la infracción cometida.

Se resolvió que habiendo existido una falta en la diligencia debida que le era exigible en las medidas de seguridad del BBVA, al poner a disposición de terceras personas la información concerniente a sus clientes, vulnerándose así la confidencialidad de dicha información, se considera que la citada entidad incurrió en la infracción grave prevista pro el art. 9 de la LOPD. Teniendo en consideración las circunstancias del caso y los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el art. 45.4 de la ley, se impuso una multa en su cuantía mínima, es decir € 60.101,21, siendo la escala prevista en el art. 45.2 para la multa a imponer de 60.101,21 € a 300.506,05 €.

Anteproyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial

El Ministro de Justicia presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto que recoge las principales reformas procesales para adaptar la Administración a la nueva oficina judicial.

La Nueva Oficina Judicial fue concebida como instrumento de modernización y optimización de los recursos de la Administración de Justicia. No obstante, desde su planteamiento tras el Pacto por la Justicia en 2001, hasta hoy en día, pocos han sido los pasos dados. Ya fuera por la tradicional escasez presupuestaria o por la complejidad que entraña la redistribución de funciones entre jueces, secretarios y funcionarios, lo cierto es que el proyecto apenas ha arrancado. La reforma de la LOPJ de 2003, esbozó algunos importantes elementos a la hora de determinar el reparto de labores entre los “nuevos” cuerpos de gestión, tramitación y auxilio procesal. No obstante, esta reconfiguración, se traducía necesariamente en una modificación de las diversas leyes procesales. Ésta tarea se comenzó en la pasada legislatura, pero tras dos años de múltiples enmiendas la insuficiencia de acuerdos parlamentarios para abordar otros elementos como: la justicia de proximidad o los consejos territoriales…terminaron por encerrar la iniciativa en un cajón.

Iniciada la nueva legislatura, el caso de la niña Mª Luz, fue la gota que colmaba el vaso y que empujaba al Ministerio a definir la presente legislatura como de “gestión y modernización”. En este sentido, se han producido algunos avances recientemente, como la presentación del sistema informático MINERVA NOJ 1.0, que permitirá un mayor control del proceso tanto en la fase judicial como ejecutiva.

Así mismo, el pasado 18 de julio se presentaba ante el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial.

Anteproyecto

El anteproyecto consta de un preámbulo, quince artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. La primera declara la competencia del Estado para dictar esta Ley al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución y la segunda establece la entrada en vigor de la ley a los seis meses desde su publicación en el BOE.

La reforma legislativa afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, así como su antecesora de 1881 en determinados aspectos que permanecen vigentes; la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882; el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente se reforman distintos aspectos de otras normas como la tramitación del proceso de la Ley Concursal; la Ley de Arbitraje; la Ley Hipotecaria; la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión; la Ley de Extradición Pasiva; la Ley Cambiaria y del Cheque; la Ley de Patentes; la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación.

En total se modifican 891 artículos de las leyes procesales citadas.