¿Tienen los jueces derecho a la huelga?

¿Tienen los jueces derecho a la huelga? No hace falta ser un experto en Derecho Constitucional para advertir que no parece figurar ni en la propia Constitución española ni en leyes posteriores prohibición expresa acerca de la posibilidad de que los jueces se declaren en huelga. Por tanto, como bien prima en un estado de derecho, lo que no está prohibido está permitido. Como argumento a mayor abundamiento, cabe decir que si está permitida la huelga por parte de los médicos, retrasando incluso operaciones previstas, ¿cómo iba a prohibirse la de los jueces? ¿Con qué criterio podemos permitir la huelga de los profesionales que velan por lo más importante que tiene un ciudadano, su salud, y vamos a poner trabajas a la huelga de quien administra Justicia?
Superado, por tanto, el debate acerca de la existencia de dicho derecho, cabe hablar de su idoneidad. Lo cierto es que el simple anuncio de la huelga ha hecho saltar a primera plana el problema de la Justicia, haciendo partícipe al ciudadano medio de las graves carencias a las que se enfrentan cada día jueces y magistrados. El caso Mariluz ya dejó claro que estamos ante una administración que adolece de graves defectos frente a los que no se termina de poner solución. Ahora, los jueces se han plantado y han dicho basta.
Aunque no se comparta, no podemos dejar de hacer un ejercicio de empatía y ponernos en la piel de cualquier juez del más recóndito juzgado de lo penal, con sus cincuenta expedientes sobre la mesa que se renuevan antes de que le de tiempo siquiera a revisar una cuarta parte. La desazón con que ese profesional abandona el despacho, consciente del peligro que entrañan esos expedientes sin resolver ni atender, sabedor de la posibilidad de que un caso Mariluz pueda estar depositado sobre su escritorio, debe de ser tremendo. Y no es culpa de los jueces sino de aquellos que tienen la responsabilidad de dotarles de los instrumentos y medios necesarios para cumplir su trabajo con las debidas garantías.
Se está haciendo un notable esfuerzo, sobretodo en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, en dotar a la Justicia de los medios necesarios para cumplir su función. Pero ese esfuerzo no tendrá recompensa hasta que el Ministerio de Justicia tome cartas en el asunto y dote de herramientas comunes, como la Oficina Judicial, para que todos los juzgados de este país puedan contar con una infraestructura acorde al siglo en que vivimos. No es únicamente responsabilidad del actual titular de Justicia, gobiernos anteriores, de diverso signo político, tampoco se tomaron nunca en serio la reforma de la Justicia. No da votos, preocupa sólo a los profesionales que se dedican a ella, y no es vistoso inaugurar un juzgado como lo puede ser una carretera o un hospital. Por esa razón ha sido la asignatura pendiente y por esa razón los jueces han hecho bien en socializar el problema, lanzarlo a la primera línea de fuego mediática y hacer a todos partícipes de sus carencias.
¿Es lícita esta huelga? Cuestión nada pacífica, pero si un médico tuviera que operar a seis pacientes al mismo tiempo, con material quirúrgico viejo, con máquinas anticuadas, con una sola enfermera, ¿entenderíamos que se plantara en huelga? La respuesta es obvia. Nuestra postura también.