De inmigrantes y personas

Cuando se habla de inmigración el lenguaje y las formas adquieren un significado especial. El riesgo de caer en argumentos xenófobos y racistas es alto, y una sociedad que albergue tales defectos tiene una bomba de relojería en su interior que explotará tarde o temprano con terribles consecuencias.
La inmigración ilegal es, para muchos, sinónimo de delincuencia y de abuso de nuestro sistema de bienestar. Hay quien atiende a los datos facilitados por las instituciones penitenciarias que muestran el elevado número de inmigrantes en las cárceles para justificar la simbiosis inmigración y delincuencia. Otros arremeten contra nuestro sistema por dar cobertura, fundamentalmente sanitaria, a todo el que pise el país sin haber cotizado ni contribuido a su mantenimiento económico. Son las dos principales imágenes que la gente asocia a inmigración ilegal y ambas están equivocadas.
En primer lugar, inmigrante ilegal es una persona que puede llevar incluso dos años trabajando en nuestro país pero que no tiene contrato fijo ni, aunque pudiera tenerlo, el hecho de llegar a España antes de contar con una oferta laboral le impide hacerlo. Salimos a la calle y miramos a nuestro alrededor y, sin saberlo, miles de personas están en dicha situación. No son, por tanto, delincuentes.
Es también lamentable la segunda de las críticas. ¿Qué debemos hacer cuando una persona ha tenido un accidente de coche, o va a dar a luz, o sufre un infarto o se rompe una pierna? ¿Pedirle su permiso de residencia antes de atenderle? Las puertas de los hospitales y las manos de nuestros médicos no están para curar españoles enfermos sino para sanar pacientes, sea cual sea su origen. Es cierto que no contribuyen a la Seguridad Social, como también lo es el hecho de que si tuviéramos que sacar la cuenta a cada ciudadano de lo que aporta a las arcas sanitarias y lo que gasta de ellas más de uno se llevaría una sorpresa.
Los inmigrantes tienen un indudable papel en el hecho de que nuestro país pudiera alcanzar las cotas de bienestar que hemos logrado hoy día y durante ese proceso de bonanza económica nadie dijo nada. Nuestros campos eran recolectados por ellos, nuestros niños y abuelos cuidados por ellos, nuestras casas limpiadas por ellos, nuestros restaurantes atendidos por ellos, nuestros productos repartidos por ellos… a la inmigración, a las personas que hicieron los trabajos que una sociedad universitaria como la nuestra no quería desempeñar, les debemos el haber podido llegar donde hemos llegado. Ahora las cosas parecen torcerse, el trabajo empieza a escasear y nos comienzan a molestar la presencia de inmigrantes en la cola del paro, compartiendo futuro incierto con el resto de españoles. Algún desdichado italiano quiere incluso meter en la cárcel a todos aquellos inmigrantes que, pese a que buena parte de ellos trabaja (¿de qué viven sino?), no tiene papeles en regla; una paradoja especialmente dañina cuando quien promueve dicha ley antipersona es el primero que debiera haber pisado una celda para rendir cuentas por los múltiples escándalos de corrupción que ha cosechado.
No se debe tampoco lanzar un mensaje de puertas abiertas, de que cualquiera pueda colarse por la frontera y entrar en el país sin un permiso de trabajo, pero el riesgo que tenemos de caer en argumentos populistas, habitualmente de corte xenófobo, es alto y peligroso.
Y este mensaje no debe chocar con necesidad de luchar contra la delincuencia. En modo alguno. Desde este medio hemos abogado por un incremento de las penas en determinados delitos como la medida más efectiva en la lucha contra la delincuencia y, en consecuencia, como la forma más eficaz de garantizar la seguridad de nuestra sociedad. Pero en este campo importa bien poco que el delincuente sea de Cáceres, Marrakech o Sierra Leona. Si alguien salta la valla de un chalet para robarlo, viola a una joven o vende droga en las calles debe caer todo el peso de la ley (y cuanto más pesado mejor) sobre sus hombros, sin importar su nacionalidad. No hay que diferenciar entre inmigrantes buenos y malos, entre los que vienen a trabajar o a delinquir; un argumento perverso que encierra la creencia de que ellos son distintos de nosotros. Hay que diferenciar entre personas buenas y malas, entre ciudadanos de bien (legales o ilegales) y delincuentes, y actuar con firmeza contra aquellos que ningunean nuestras leyes.
La mejor política de inmigración es aquella que vea al inmigrante como un ser humano, como un semejante que no ha tenido la fortuna de nacer en un país como el nuestro y busca un futuro mejor en un país extranjero. Una política que persiga de forma extraordinaria a las mafias que trafican con personas, que los hacinan en las pateras de la muerte a cambio de cantidades millonarias, o que las engañan y obligan a prostituirse una vez aquí. Ese es el verdadero drama y la verdadera lacra contra la que luchar.

Violadores

Y el violador volvió a hacer lo único que sabe: violar. Un nuevo caso de un preso que cumple su corta condena por violación y sale a la calle, momento que aprovecha para volver a consumar nuevas violaciones. La hipocresía invade nuestra sociedad, incapaz de llamar a las cosas por su nombre por miedo a ser tachado de radical. ¿Pero es acaso extremista el tratar de defender a las niñas de 8 años del violador? ¿Es extremista querer apartar a aquellos que van a seguir violando de nuestras calles? En absoluto. Radical es, al contrario, el que se empeña en colocarse junto al delincuente en lugar de junto a la víctima. Necesitamos penas más duras para luchar contra este tipo de delitos, por el bien de todos.

Ayudar a Martinsa

¿Debe el Gobierno ayudar a Martinsa-Fadesa para salir de la crisis en la que está sumida? ¿Debe, por tanto, la Administración utilizar fondos públicos para ayudar a las empresas a superar sus problemas económicos? Si pudiéramos dar un sí generalizado y no hubiera una sola empresa que no quedara sin ayuda, estaríamos entonces ante un escenario distinto, idílico. Como no es el caso, hablamos de la idoneidad de conceder ayudas concretas a determinadas empresas, ante lo cual, la respuesta debe ser un rotundo no. El dinero público no está para solventar los problemas millonarios de unos pocos a los que una mala gestión empresarial (o cualquier otra circunstancia, es lo de menos) ha terminado llevando. De ser así, parecería que cuanto más grande fuera el escándalo, más millonaria la quiebra y las deudas que acarrea, más legítima sería la intervención del Gobierno. En este momento cohabitan en España miles de PYMES (promotoras auténticas del desarrollo y bienestar en nuestro país) que están atravesando momentos de crisis, problemas económicos con deudas que en muchos casos no llegarían ni a los 60.000 euros, que no salen en la televisión y que sus decisiones afectarán a un puñado de personas. ¿Acaso estos empresarios tienen ayudas, contarán con el favor del ICO, hablarán de ellos en el Consejo de Ministros? Entonces, a todos lo mismo.

Negro informativo

Hace unos días los atónitos telespectadores tuvimos la desgracia de presenciar un informativo cuyas noticias principales no dejaban precisamente lugar para la esperanza. La primera noticia era el asesinato de una joven enfermera a manos de un médico residente de 27 años, psiquiatra, ambos, hasta ese momento, con toda una vida próspera y feliz por delante. La segunda noticia hablaba del asesinato por parte de un hombre de sus dos hijos, de cuatro y seis años, así como de su esposa, para terminar quitándose la vida posteriormente. La tercera noticia nos contaba cómo había sido condenado finalmente un hombre que había asesinado a su hijastro de un año porque le había hecho perder una partida a la videoconsola. La cuarta y última noticia era para la joven italiana asesinada por un hombre mientras disfrutaba de sus vacaciones.
No era precisamente un telediario fácil de digerir, capaz de atragantar hasta el más duro de los corazones que estuviera presenciando aquel repertorio de crueldades, de sinrazón y violencia sin límite. Dos crímenes supuestamente sexuales, cometidos porque sus víctimas no quisieron mantener relaciones con ellos. Un crimen tan gratuito y baldío (como si no lo fueran todos) como es matar a una criatura de un año por hacerte perder una partida de videoconsola y un asesinato para el que no hay adjetivo que pueda describirlo, por tratarse de un hombre que emprende a puñaladas contra sus propios hijos y su esposa.
Más tarde o más temprano todos los mortales, creyentes o no, hemos mirado al cielo para preguntar cómo puede Dios permitir tanta injusticia y tragedia en un mundo por Él creado. Una pregunta legítima que, sin embargo, debería ir precedida por una reflexión; antes de responsabilizar al más allá, por muy fácil que esto sea, es imprescindible hacer antes examen de conciencia colectiva y autocrítica, pues el peor huracán, el más demoledor de los tsunamis, la más letal de las enfermedades que puede sufrir el ser humano es precisamente el propio hombre, responsable de la mayor parte de las desgracias que ha sufrido la Humanidad en toda su historia.