La huelga de Bermejo

La intransigencia y chulería del Ministro “rojo” (término con el que le gusta autodenominarse a Fernández Bermejo) está siendo padecida ahora por los funcionarios de Justicia.
Como ya manifestamos desde las líneas de este periódico, a nadie le gusta las huelgas y mucho menos a los ciudadanos, que tienen que sufrir los efectos sin tener culpa ninguna de la situación ni la menor posibilidad de solucionar el problema. Sin embargo, no estamos ante una huelga disparatada ni que pretenda objetivos injustos o exagerados por parte de los sindicatos. En modo alguno. Por cualquiera es comprensible que un trabajador de la administración quiera ganar lo mismo que un trabajador con el mismo desempeño en otra comunidad autónoma, y hoy por hoy en España no se cumple. En las Comunidades donde se han transferido las competencias de Justicia los funcionarios reciben un salario mensual de 1.400 euros, frente a los 1.100 euros que reciben los trabajadores en comunidades dependientes del Ministerio de Justicia. Una diferencia, a todas luces, injusta, teniendo en cuenta que todo el personal está regido y sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, trabaje donde trabaje, y por tanto, a los mismos parámetros y criterios en todos los aspectos (también el salarial).
Bermejo se lanza, como un jabalí herido, al ataque de los huelguistas incómodos, acusándoles de absentismo y de no querer asumir las nuevas tecnologías, con Lexnet a la cabeza. Verdaderamente sorprendente, sobretodo porque, de ser ciertas estas acusaciones, él ha sido Ministro de Justicia y, por tanto, responsable de dichas situaciones a las que debía haber hecho frente. Caso de existir realmente estos problemas, tenían fácil solución por su parte: al absentismo, con sanciones a los funcionarios que no acudan injustificadamente al puesto de trabajo; y a la falta de capacitación para las nuevas tecnologías, con cursos de reciclaje y formación para los funcionarios, tal y como llevan reclamando desde que se puso en marcha hace cinco años la Oficina Judicial, de la que nadie nunca más volvió a oír hablar.
Pero Fernández Bermejo se ha revelado como un hombre incapaz para hacer frente a esta crisis. Su carácter autoritario y radical hace imposible un entendimiento con los sindicatos y trabajadores, que tratan de buscar un acuerdo negociado y volver al trabajo lo antes posible.
El problema no es de los trabajadores; están ejerciendo un derecho constitucional como es la huelga para reivindicar unas pretensiones que, por otro lado, son absolutamente razonables y justas. El problema es de un ministro que no tiene intención de juntarse con dichos trabajadores, que está tan terriblemente encumbrado en sus propios altares que se ve incapaz de sentarse con el pueblo llano a escuchar sus pretensiones. El problema de la huelga, en efecto, es culpa del Ministro.
Y no es justo que se achaque a la falta presupuestaria (y menos cuando el mismo día el Ministerio de Economía hace alarde de superávit), pues cualquiera que se detenga un minuto a observar la gigantesca maquinaria administrativa y gubernamental, y caiga en la cuenta de la inmensa cantidad de dinero que se despilfarra aquí y allá en partidas absolutamente superfluas e innecesarias, se dará cuenta de que con voluntad se puede habilitar una partida para mejorar en doscientos euros el salario de unos trabajadores fundamentales para la Administración de Justicia.