La gran incógnita

El artículo 1 de la futura ley del aborto debería haber comenzado dando respuesta a la gran incógnita: ¿cuándo surge la vida? Una vez decidida tal cuestión podría haberse entrado de lleno a tratar hasta qué momento el ser humano puede truncar dicho proyecto vital.
Sin embargo, no ha sido así; ni en España ni en ninguna legislación abortista del mundo. No hay político ni plataforma a favor del aborto que se atreva a determinar cuándo comienza la vida humana y definir sin la menor duda que es en la semana doce, en la catorce o en la veintidós cuando dejamos de estar ante un conjunto de células para estar ante un ser humano.
Alguno pensará que estamos equivocados pues el criterio está perfectamente definido y se basa en la viabilidad del feto: cuando sea viable fuera del vientre materno, ya es una persona. Pero la imbecilidad de tal argumento no puede tomarse en serio, pues es evidente que si al feto se le priva de su medio de vida natural, el vientre materno, y se le arrebata por tanto el alimento y el oxígeno para vivir, morirá; de la misma forma que cualquier ser humano, privados de nuestros recursos naturales, seríamos bastante poco viables. ¿O acaso alguien puede vivir bajo el agua o encerrado en una urna de cristal, despojado de comida y bebida? ¿Acaso alguien puede vivir cuando se le priva de los recursos de vida? Pues el feto tampoco.
Descartado este argumento, no existe precisamente unanimidad en las legislaciones abortistas sobre cuándo surge el ser humano. El creer que en la semana doce, minuto uno, segundo uno, surge la vida como por arte de magia, de forma espontánea, por obra de nuestra ministra Aído, hiere sobremanera la sensibilidad humana.
¿Y no es más fácil pensar que existe vida desde el inicio? ¿No queda resuelta la cuestión, sin subterfugios ni apaños lamentables, al considerar que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo surge una vida distinta y nueva, ajena desde entonces a los padres? En efecto, necesita del vientre materno para sobrevivir, pero esa dependencia vital no le hace merecedora a la progenitora del derecho a decidir sobre la supervivencia del niño. También un discapacitado puede necesitar alguien que le alimente, sin que ese alguien tenga el derecho de interrumpir voluntariamente su vida.
La dignidad humana no la dan las semanas que uno lleva viviendo, ni el tamaño que uno tenga, ni si estás dentro o fuera de tu madre. La dignidad humana tampoco la otorga una ley, por mucho que ésta sea capaz de matarnos cuando apenas tenemos días de vida.

Caída de las empresas

Los concursos acreedores, al margen de las posibilidades de reflote que tiene para las empresas, evidencian una grave situación de crisis a las que las compañías no pueden hacer frente y deben tirar la toalla. Cada vez que una sociedad se liquida, por muy pequeña que sea, se tambalea los cimientos de nuestra propia economía. Pérdida de puestos de trabajo, de impuestos para el Estado, de adquisición y compra de bienes, frustración en los emprendedores… son muchas las consecuencias del cierre de una empresa.
El pasado mes de febrero fueron 369 los concursos de acreedores presentados, un 149% más que los registradores el mismo mes del 2008. La comunidad que mayor incremento tuvo fue Murcia, con el País Vasco en el lado opuesto.
Cifras que unidas a los datos del paro dan reflejo de la situación en la que estamos. Empresas y trabajadores pierden su puesto en el mercado. Y la expectativa de que ambos vuelvan a encontrarse no parece precisamente cercana.

¿Tienen los jueces derecho a la huelga?

¿Tienen los jueces derecho a la huelga? No hace falta ser un experto en Derecho Constitucional para advertir que no parece figurar ni en la propia Constitución española ni en leyes posteriores prohibición expresa acerca de la posibilidad de que los jueces se declaren en huelga. Por tanto, como bien prima en un estado de derecho, lo que no está prohibido está permitido. Como argumento a mayor abundamiento, cabe decir que si está permitida la huelga por parte de los médicos, retrasando incluso operaciones previstas, ¿cómo iba a prohibirse la de los jueces? ¿Con qué criterio podemos permitir la huelga de los profesionales que velan por lo más importante que tiene un ciudadano, su salud, y vamos a poner trabajas a la huelga de quien administra Justicia?
Superado, por tanto, el debate acerca de la existencia de dicho derecho, cabe hablar de su idoneidad. Lo cierto es que el simple anuncio de la huelga ha hecho saltar a primera plana el problema de la Justicia, haciendo partícipe al ciudadano medio de las graves carencias a las que se enfrentan cada día jueces y magistrados. El caso Mariluz ya dejó claro que estamos ante una administración que adolece de graves defectos frente a los que no se termina de poner solución. Ahora, los jueces se han plantado y han dicho basta.
Aunque no se comparta, no podemos dejar de hacer un ejercicio de empatía y ponernos en la piel de cualquier juez del más recóndito juzgado de lo penal, con sus cincuenta expedientes sobre la mesa que se renuevan antes de que le de tiempo siquiera a revisar una cuarta parte. La desazón con que ese profesional abandona el despacho, consciente del peligro que entrañan esos expedientes sin resolver ni atender, sabedor de la posibilidad de que un caso Mariluz pueda estar depositado sobre su escritorio, debe de ser tremendo. Y no es culpa de los jueces sino de aquellos que tienen la responsabilidad de dotarles de los instrumentos y medios necesarios para cumplir su trabajo con las debidas garantías.
Se está haciendo un notable esfuerzo, sobretodo en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, en dotar a la Justicia de los medios necesarios para cumplir su función. Pero ese esfuerzo no tendrá recompensa hasta que el Ministerio de Justicia tome cartas en el asunto y dote de herramientas comunes, como la Oficina Judicial, para que todos los juzgados de este país puedan contar con una infraestructura acorde al siglo en que vivimos. No es únicamente responsabilidad del actual titular de Justicia, gobiernos anteriores, de diverso signo político, tampoco se tomaron nunca en serio la reforma de la Justicia. No da votos, preocupa sólo a los profesionales que se dedican a ella, y no es vistoso inaugurar un juzgado como lo puede ser una carretera o un hospital. Por esa razón ha sido la asignatura pendiente y por esa razón los jueces han hecho bien en socializar el problema, lanzarlo a la primera línea de fuego mediática y hacer a todos partícipes de sus carencias.
¿Es lícita esta huelga? Cuestión nada pacífica, pero si un médico tuviera que operar a seis pacientes al mismo tiempo, con material quirúrgico viejo, con máquinas anticuadas, con una sola enfermera, ¿entenderíamos que se plantara en huelga? La respuesta es obvia. Nuestra postura también.

La última de Garzón

Está ya muy visto y no sorprende a nadie. La última de Garzón es una más de este hombre que un día quiso ser juez estrella, al otro ministro y cuando González le cortó las alas de su ambición regresó a su toga para impartir su particular justicia. Los casos poco mediáticos le aburren profundamente. Si un asunto no tiene reflejo en los periódicos y medios de comunicación entonces puede esperar durante semanas, meses, años sin que su señoría se digne siquiera a contemplarlos. Si pudiera hacerse una lista con los damnificados por el juez sería interminable. En primer lugar, la propia sociedad, que contempla atónita como un hombre que debe perseguir a narcotraficantes, terroristas o estafadores de la peor calaña se dedique a desenterrar historias del pasado, sin que cumpla la función esencial que tiene encomendada.
Algún día, ojalá sea más pronto que tarde, el famoso juez debería estrellarse contra su propia ambición y su ansia de gloria para encontrarse con la cruda realidad, con la estampa lamentable que los ciudadanos tenemos de él. No lo vemos como el libertador que cree ser, como el defensor de las causas perdidas y el perseguidor de los tiranos del mundo que tanto se esfuerza en parecer. Lo vemos como un hombre ambicioso, capaz de todo por seguir en la brecha mediática, que no duda en perseguir a gente, inocente o no, si con ello obtiene popularidad.
Muchos piensan que esta maniobra obedece a una necesidad de distraer la atención de la crisis económica. Podría ser un favor que hace a Zapatero para ganar puntos en su carrera hacia el sillón ministerial. Otros, en cambio, ven simplemente el sello de Garzón en esta maniobra. No le hace falta motivación alguna si logra aparecer en los telediarios. Es el juez estrella, lo fue en su día y se resiste a abandonar esta figura, y si tiene que desenterrar cadáveres de la Guerra Civil o mañana se le ocurre perseguir a los pirómanos que redujeron Numancia a polvo y ceniza, no dudará un instante.
Garzón hace un flaco favor a la Justicia con sus aventuras guerracivilistas. Es un monumento a la parcialidad y a la dependencia de intereses ajenos a los que deberían motivar sus actos, esto es, la persecución del delito. En definitiva, una vergüenza para la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial tendrá que sentarse con él para hacerle reflexionar, recordarle las normas más elementales del procedimiento penal que se salta a la torera con tal de lograr un titular y, con un poco de suerte, invitarle a abandonar el sillón que ahora ocupa. Por el bien de la Justicia, por el bien de todos.

400 millones de euros

Ésta es la cantidad que el Gobierno de España va a destinar al régimen castrista de Cuba. Sí, castrista hasta que no se demuestre lo contrario, y de momento, está muy lejos de convertirse en otra cosa. Las palabras del canciller cubano, Roberto Pérez, fueron contundentes: “No debe haber ilusiones de que nos proponemos desertar de nuestro camino. Si se entiende la reforma como el proceso por el cual Cuba renuncia al socialismo, la respuesta es no”.
La retirada de Fidel Castro y el acceso al poder de su hermano Raúl trajeron esperanzas, entre los cubanos y el mundo entero acerca de la posibilidad de que Cuba fuera despojándose poco a poco de la tiranía que le ha tenido preso durante medio siglo y poder abrazar de una vez por todas la democracia. “No debe haber ilusiones”, dice el acólito del tirano, consciente de que la libertad evoca en sus compatriotas precisamente ese sentimiento, ilusión. Ilusionados ante una nueva vida donde poder hablar y opinar libremente, ilusionados con la posibilidad de decidir quién debe gobernarles, ilusionados ante la salida de la cárcel de los presos que ocupan celda por pensar, ilusionados por la llegada del progreso y bienestar a su pueblo, ilusionados con dejar de ganar cinco dólares al mes… pero toda esa ilusión se desvanece por la garra déspota, mezquina y miserable de un par de hermanos, empeñados en que la decrepitud que acompaña sus cuerpos ancianos se extienda también a todo su pueblo. Su revolución, sus crímenes, su dictadura, han fracasado pero se niegan a admitir la derrota y siguen aferrados al poder.
La retirada de Fidel fue una ilusión, nada más que eso. Precisamente por eso el gobierno norteamericano acertó al no retirar el embargo comercial que pesa sobre la isla, consciente de que cada dólar que entre en Cuba será aprovechada por los dos hermanos para seguir sometiendo a su pueblo. Hasta el candidato demócrata a las elecciones presidenciales, Barack Obama, ha negado la posibilidad de retirar el bloque en tanto la democracia no se imponga definitivamente al trasnochado sistema comunista.
Pero en España no nos hemos enterado de todo esto y Moratinos sigue haciendo gala de lo bien que se lleva y entiende al régimen castrista. Incluso le ha regalado un cheque de 400 millones de euros para administrarlo en la reconstrucción de los destrozos provocados por los últimos huracanes. Claro está que, como en todo país corrupto que se precie, el dinero se sabe dónde entra pero no dónde sale, y bien podemos estar sufragando armamento militar o propaganda castrista mientras ponemos la sonrisa de niño perdido que muestra nuestro Moratinos.

Un nuevo héroe

Un nuevo nombre se añade a la tristemente larga lista de víctimas de ETA. Los asesinos siguen en su empeño de sembrar las calles de terror y ahogar en sangre los sueños de un pueblo que está harto de su presencia. La negociación con los criminales fue un error político y humano, que no sólo no nos benefició en nada sino que nos hizo perder la ventaja que habíamos logrado alcanzar con tantos años de persecución policial.
Sin embargo, no es ya el momento de los reproches sino de mirar hacia el futuro con esperanza y energías renovadas. Con el compromiso del Gobierno de que no volverá a negociar con los criminales y su empeño en dedicar todos los esfuerzos a su alcance para acabar con la escoria etarra, a los demócratas no nos queda otra opción más que esperar resultados policiales y llorar a nuestros muertos.
Luis Conde es el último héroe que dio su vida por la democracia y la libertad en España. Que Dios le tenga en su gloria y de consuelo a sus familiares.

Nombramiento de Dívar

Cuando los detractores tienen que echar mano de la religiosidad de una persona para tratar de poner en entredicho su carrera profesional, en el fondo no hacen sino lustrar todavía más el currículum de dicha persona. Eso ha ocurrido con el nuevo presidente del CGPJ, a quien se ha intentado pintar como un extremista de derechas por el simple hecho de ir a misa los domingos. Así se cotiza la libertad de culto en este país.
Pero, críticas aparte, Dívar es un excelente profesional que ha dado muestras de su valía y competencia presidiendo en toda su trayectoria, desde el modesto juzgado extremeño donde empezó a la Audiencia Nacional que terminó presidiendo. Algunos magistrados del Supremo se muestran recelosos a que su nuevo presidente no sea uno de ellos. No tengan tanto recelo, señorías, y empleen ese tiempo que desperdician con las críticas palaciegas a trabajar y sacar sentencias, que es su verdadera actividad y por la que se les remunera a fin de mes.
Zapatero ha mostrado de valentía y acierto con el nombramiento de Dívar; sabía que iba a tener que enfrentarse a ese sector de la izquierda radical que existe, aunque afortunadamente no sea muy numeroso, en el poder judicial; y dio muestra también de moderación política al nombrar a una persona que, a priori, no parece compartir ideología con el presidente.
Las críticas que se dirigen hacia De la Rosa son algo distinto. Excesivas, sí, pero con cierta base de realidad. Que se eche mano del Consejero de Justicia de un gobierno autonómico no parece que, a priori, sea todo un símbolo a la independencia del poder judicial. Admitimos, a regañadientes y muy a nuestro pesar, que los jueces se agrupen en asociaciones cuya militancia les signifique y defina ideológicamente; pero ya si encima tenemos que buscar al vicepresidente del CGPJ en un gobierno autonómico, sea del signo político que sea, la cosa empeora sensiblemente.
También es cierto que De la Rosa no se significó nunca por emprender una acción de gobierno excesivamente beligerante y pasó más bien inadvertido en la contienda política, así que deberían atemperarse las críticas y darle cierto margen de confianza.
Desde La Tribuna del Derecho queremos dar la enhorabuena a los recién nombrados y desearles, por el bien de todos, los mayores éxitos en su dirección de los jueces. Tienen por delante el reto de elevar la confianza de los ciudadanos hacia nuestros juzgadores, seriamente mermada tras los últimos escándalos. Suerte, de todas formas.